Salazar Cruz: Modalidades del desplazamiento interno forzado en México
Vol. 35, Num. 76, Año. 2014
Recibido: 2014 03 30
Aceptado: 2014 07 30



Introducción

El “desplazamiento interno forzado” -DIF- que abordamos aquí se refiere a la movilidad obligada de la población civil, que deja temporal o permanentemente sus espacios de vida (residencia, trabajo y extensiones sociales frecuentes), a causa de dinámicas de violencia regional y del subsecuente sistema de coacciones contra individuos, familias, pobladores y recursos,1 conminándolos al desplazamiento en tres modalidades: individual, familiar y colectiva. Este DIF proviene de una orden militar y perentoria asociada a un régimen totalitarista que desconoce los derechos adquiridos por vía normativa y/o consuetudinaria de los asentamientos precedentes en las localidades de éxodo. En este sentido, es una consecuencia colateral de procesos de violencia, con daño humanitario masivo, en el que se violan los derechos humanos, de género y patrimoniales, entre muchos otros. El escenario del conflicto militarizado en que los desplazamientos ocurren está compuesto por actores provenientes de diversas organizaciones enfrentadas (crimen organizado,2 policías comunitarias, organizaciones de justicia privada y fuerzas armadas del Estado). Se trata de conflictos que se libran preferentemente en territorios específicos (regiones) y que, aunque tengan extensiones por fuera de la región (relacionadas con los requerimientos del trasiego nacional e internacional), se localizan en zonas o áreas donde alguno de los actores es hegemónico.

En México, el desplazamiento interno forzado tiene antecedentes contemporáneos desde la década del los 90,3 los desplazamientos que hoy nos ocupan se registran desde el 2007 a partir de la ofensiva de guerra al crimen organizado, particularmente al asociado a las actividades del narcotráfico; esto nos lleva a suponer que ante el cambio de políticas contra las dinámicas del crimen organizado se producen necesariamente situaciones de inestabilidad al menos en dos esferas: i) en los mecanismos de recomposición y acuerdos -frecuentemente contingentes- al interior del crimen organizado y ii) en un desconocimiento de los nuevos equilibrios por parte de las fuerzas institucionales, y por lo tanto la ausencia de mecanismos ágiles de control político-militar, a fin de enfrentar o combatir tales hegemonías. Esto no sugiere que las fuerzas institucionales sean homogéneas, ni que el objetivo central de todas sea el combate al crimen organizado, ni que estén ausentes de involucramientos perversos; sino que en el esfuerzo de rescate del statu quo, una parte del funcionamiento del Estado exige detener a márgenes manejables, la violencia efectiva contra su fundamento y funcionamiento institucional, y contra el sector más vulnerable que es la población civil. Aunque el escenario directo del conflicto no es el objetivo de análisis de este artículo, debemos mencionarlo porque causa, asocia y ejerce violencias a partir de las que ocurren los desplazamientos; y porque está vinculado a cierto nivel de explicación e inferencias de sus modalidades.

Las modalidades del DIF son: individual, familiar, colectiva y masiva. Representan las formas en que las poblaciones deciden el desplazamiento como decisiones estratégicas a implementar contra adversarios desconocidos, reconocidos y de diversa composición. Entonces nos preguntamos, ¿de qué depende la modalidad de los desplazamientos? ¿Los actores y las formas en que se desarrollan los conflictos locales y regionales tienen impacto sobre las modalidades de desplazamiento? Es decir, ¿los desplazamientos develan la persistencia de uno o varios tipos de conflictos, o develan la resistencia de las poblaciones a las dinámicas de violencia asociada al crimen organizado? ¿Representa la modalidad del desplazamiento una decisión definitiva al cambio de lugar de residencia? ¿Existen otros factores diferentes al sistema de amenazas inminentes que co-determinen las modalidades de los desplazamientos -DIF- en México?

Desplazamiento interno forzoso (DIF)

Como hemos referido antes el desplazamiento interno forzoso es la movilidad de población vulnerable (individual, familiar, colectiva, masiva), que bajo coacciones y violaciones a los derechos humanos ejercen los actores armados en conflicto,4 sean éstos regulares, legales, irregulares y/o clandestinos. Es un recurso de sobrevivencia de las poblaciones civiles y de las no vinculadas y no combatientes, frente a los regímenes de violencia. Es una acción y reacción en situaciones extremas, porque evidencia la imposibilidad de garantizar la vida por parte de cualquier institución pública, o de los actores y poderes involucrados. Es también una decisión política porque en el escenario territorial de un conflicto y ante actores hegemónicos en disputa, militarizados y amenazantes, no se puede permanecer al margen. Estos exigen lealtades, obediencias y complicidades en dinámicas de clandestinidad y omisión; entonces, asumir autonomía frente a las autoridades regulares que deben garantizar los derechos por la vía institucional y no lo hacen o no lo pueden hacer, o prescindir de las imposiciones de los otros poderes en disputa, es entendido por cualquiera de los actores militarizados como una acción de desacato inaceptable. Las consecuencias para la población -civil, no combatiente o no vinculada- son relativas a las amenazas directas o implícitas; la población queda insegura, vulnerada y sin protección. El DIF se expresa como huida, escape o evasión a los poderes y fuerzas de facto, como único recurso de resistencia, y podemos comprenderlo como una estrategia extrema, forzada, de sobrevivencia.

Los “desplazados forzosos” son hombres, mujeres, niños, ancianos, familias, población variada,5 en su mayoría población rural y urbana marginal, vulnerable, que se han visto sustraídos violentamente de su trama social, de sus vínculos culturales, familiares, de su entorno y de su propiedad material, y en este sentido su memoria histórica, emocional y su condición material, se ven marcadas por una ruptura estructural (OIM, ONU, 2001).6 El DIF implica un punto de quiebre en la historia de vida del individuo, de la familia y de las poblaciones, en la estructuración histórica y cotidiana de las identidades sociales.

En la literatura especializada hay una relativa aceptación de que esta población se desplaza inicialmente dentro de las fronteras regionales al interior de un país y áreas más cercanas a las localidades de su salida o huida. Permanecer en las localidades cercanas actúa en dos sentidos: i) como espacios para posibilitar la reversibilidad de su situación como desplazados, retorno que es difícil fundamentalmente porque la situación de conflicto y violencia de las zonas de donde salieron no varía sustancialmente en el inmediato o corto plazo, y en consecuencia no cambia la causa por la cual se vieron forzados a desplazarse; ii) como espacios de riesgo de ser localizados o perseguidos por quienes los forzaron a desplazarse, por lo cual la investigación del DIF testimonia que en la mayoría de los casos, el o los desplazados no regresan y tienden finalmente a movilizarse hacia otras localidades y centros urbanos y/o hacia las ciudades principales.7

Considerando que el DIF es un resultado colateral de los conflictos -militarizados y violentos-, que no hay reconocimiento oficial e institucional de la población desplazada en México,8 que no se han planteado ni implementado políticas públicas de protección, atención, defensa, retorno, reasentamientos e integración posteriores al mismo, reparación y restitución integral de sus condiciones anteriores, los desplazados internos quedan invisibilizados, por lo que la información es segmentada y exploratoria. Los registros cotidianos que se logran, contribuyen a estimaciones que necesariamente se realizan post-eventos de violencia (enfrentamientos, ejecuciones, masacres, coacciones, destierros de facto, abusos y todo tipo de violación a los derechos humanos), lo que dadas las condiciones de peligro para los informantes, anticipan subregistro e insuficiencia de información, carencias que no se pueden subsanar en el corto plazo. En función de esto, las estimaciones se hacen sobre la magnitud del conflicto; o sobre la capacidad militar de ofensiva o la capacidad de amenaza de los actores y sus exigencias a la población habitante; o se logran estimaciones sobre las cantidades de población preexistente en las localidades de salida;9 o sobre los incrementos de población en las comunidades de destino o recepción; o finalmente sobre los registros de los desplazados y los eventos asociados que acopian los medios de comunicación, las diferentes autoridades, y más recientemente las redes sociales. En las sociedades con conflictos regionales, derivados del crimen organizado, como sería el caso mexicano, los empadronamientos existentes (censos nacionales y otras encuestas) no cuentan con información específica sobre procesos de DIF;10 las aproximaciones entonces deben reconstruirse a partir de otras fuentes que otorguen alguna sistematicidad en el seguimiento del fenómeno y cuyo registro permanente avale su significación y amplitud, de modo que podamos acercarnos a evidencias validadas por la veracidad de la fuente y/o el mismo registro en otras fuentes similares para obtener confirmación de los eventos (diarios).

Podemos afirmar que el DIF en México se produce pero no se registra. El rastreo como mencioné es a posteriori, cuando las comunidades de recepción de los desplazados no pueden asumir el volumen de estas movilizaciones,11 entonces se convierte en un ‘problema social’, en una evidencia inocultable que interfiere en la vida de localidad receptora. La población desplazada es asistida por instancias oficiales en las modalidades de “albergue,” “ayuda” y “atención inmediata” (que son insuficientes en función de que no se pueden implementar apoyos permanentes ni monitoreados, puesto que los programas oficiales son focalizados y el desplazado no existe institucionalmente); también es auxiliada por la solidaridad familiar o redes de parentesco en otras localidades, ayuda de vecinos territoriales y apoyos de las comunidades no conocidas a donde se llega; con el pasar de los días, los desplazados pueden ser llevados o dirigidos hacia asentamientos periféricos, reubicaciones y/o habitaciones provisionales. La decisión personal a permanecer en los primeros destinos, o volverse a movilizar hacia otros lugares, los consolida como desplazados de la violencia; o finalmente algunos desplazados deciden retornar con todos los riesgos, y ser ejecutados como ha sucedido,12 convirtiéndose en víctimas silenciadas de este desplazamiento forzado. Ante tal panorama de desplazamiento, no hay registro ni observación sistemáticos y/o centralizados por parte de la función pública, ni reconocimiento de que éstos son desplazamientos forzados que ocurren permanentemente, y en consecuencia no se ha podido dimensionar exactamente la complejidad del fenómeno. No obstante la ausencia de datos sólidos, algo se logra a través de fuentes que empiezan a dar una versión casuística de los hechos, investigación cualitativa, informes parciales, noticias, crónicas de los casos que cobraron relevancia para los observadores periodísticos, institucionales, o finalmente policivos, pero no con la relevancia del desplazamiento en sí mismo, sino como un resultado colateral de la violencia del crimen organizado o de otros conflictos; específicamente se lee como un efecto extremo: la huida de los pobladores con algunos detalles logrados de relatos sueltos que se traducen en la voz de las comunidades. Estas descripciones se convierten en una fuente de información, a partir de la que logramos realizar un seguimiento lo más sistemático posible, que si bien solo nos permite una aproximación en calidad de subregistro, sí nos permite acercarnos al DIF en sus modalidades individual, familiar y colectiva. Otras fuentes especializadas como la Consultoría de los Derechos Humanos y el Consejo Noruego para las Migraciones, International Displacement Monitoring Center -ya citadas-, que han seguido el DIF de conflictos en otros países, empiezan a visualizar el caso de México rastreando cotidianamente los hechos a partir de la noticia nacional. Lo logrado en estas fuentes son evidencias relativamente coincidentes.

Desplazamiento interno forzado de población por entidades federativas
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Fuente: elaboración propia a partir del diario La Jornada, 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

En la realidad mexicana nos referimos a campesinos y residentes de localidades rurales,13 mixtas14 y urbano-marginales que es la población más vulnerable ante las violencias del crimen organizado. Las estimaciones son en extremo distantes, Fidel López ha estimado en aproximadamente 1 600 000 personas víctimas de DIF.15 Esta medición cuestiona los parámetros de los comportamientos migratorios tradicionales en México, pero puede resultar válida ante la intervención de la variable de violencias en las que quedan involucradas las poblaciones locales. Otras fuentes estiman 200 000 desplazados, lo cual, a la luz de los registros cotidianos (periódicos, revistas y entrevistas cualitativas propias) subestimaría el fenómeno. Ante esta carencia, y una medición cualitativa en proceso (propia), solo podemos señalar que los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán son los principales estados afectados por DIF referido en nuestra primera medición. La población de Sonora, Durango, Baja California, Nuevo León, Guerrero y Veracruz16 forma parte del grupo de estados afectados por los desplazamientos, pero aún no logramos un acercamiento más veraz a su volumen. Es preciso aclarar que la configuración del DIF no es igual en todos ellos. En Jalisco y Nuevo León parecieran estar protagonizados más por sectores empresariales y sus familias, sobre quienes recaen las amenazas directas.17 En los demás Estados referidos es sobre las poblaciones rurales y mixtas sobre las que más han recaído las acciones violentas, pues los objetivos y metodologías de violencia parecieran estar dirigidos al control de las tierras y fuerza de trabajo necesarias para las empresas derivadas de actividades clandestinas -cultivos, procesamientos, trasiego-. Así una primera aproximación basada en el rastreo etnográfico y de crónica y, bajo la reserva del subregistro, indica que aproximadamente 700000 personas han sido desplazadas forzosamente, las cuales no están documentadas institucionalmente. Esta población se desplazó en las siguientes modalidades:

Desplazamiento familiar

En este apartado interesa señalar la familia como una unidad de DIF y respuesta colectiva al no sometimiento. La relevancia de la familia en el desplazamiento es doble en principio: en las prácticas de la composición familiar mexicana este núcleo puede incorporar una o varias familias nucleares, familiares de varias generaciones, familiares solos, todos los cuales son parte de la frecuencia o cotidianidad de las redes familiares. Si a esto le sumamos el hecho de ser familias rurwles, pobres o marginales, la literatura especializada avala el supuesto de que las redes familiares sostienen los vínculos de solidaridad y reciprocidad presentes en la reproducción.18 La seguridad y protección de la vida corresponde a experiencias tangibles e intangibles que están en la base del mantenimiento de las redes familiares, por lo que su amenaza, riesgo o pérdida incluye la acción de todos por y para su mantenimiento. Es esperable entonces que la familia sea un recurso para ejercer coacción por parte de las organizaciones criminales19 y en consecuencia de desplazamiento forzado.

El DIF de la familia es un proceso de varias movilizaciones, de estancias migratorias, que se inician con la salida rápida e intempestiva, con la mayor cantidad de miembros de la familia, con ninguna o escasas pertenencias y en el mayor sigilo posible, por lo que sus bienes y patrimonios quedan abandonados, bajo la expectativa de regresar a la mayor brevedad, esperando que se restablezca una relativa normalidad; con el pasar de los días, la información de otros desplazados que van llegando y las noticias del lugar o región de procedencia, y con la evaluación de posibles destinos, asumen uno de los siguientes riesgos: o regresan con similares peligros y sus consecuencias “cantadas”, o emprenden camino hacia nuevos destinos. En cualquier caso se anuncian al menos los siguientes riesgos: en caso de que los actores militarizados permanezcan en la zona, como es de esperarse si regresan, saben que les tocará acogerse a las nuevas disposiciones relativas a las emergencias del conflicto, pues volver después de haber cedido su permanencia a la amenaza y el miedo, retomar los recursos (vivienda, terrenos, instrumentos de trabajo, animales y enseres) abandonados en el escenario del conflicto, es una empresa que quizá requiere reclamo, enfrentamiento y un restablecimiento del locus con una dosis adicional de apropiación. Si pueden regresar sin que haya habido usurpación de los recursos, saben que deben asumir la cuota de pérdidas que su ausencia permitió; si no regresan y deciden nuevos destinos, éstos serán preferentemente los centros urbanos por la expectativa de seguridad y trabajo. Los lugares de destino y recepción son espacios de asentamiento forzado, en los que se mimetiza la identidad, se logra un efecto de desconocimiento o indiferencia, y puede vincularse a redes sociales de similares o ser eventualmente beneficiarios de la asistencia a desplazados por parte de entidades públicas o de organizaciones de la sociedad civil. El asentamiento en centros urbanos representa para el desplazado y su familia su irreversibilidad, al menos en el mediano plazo.

En general, el nuevo asentamiento para las familias desplazadas es progresivo, pues en principio no hay certeza de su definitividad, ni del lugar o último destino; esto tiende a depender del tipo de grupo poblacional que se moviliza, de sus edades, ocupaciones, y por su puesto de la estimación del riesgo que representa la migración permanente o el eventual regreso en un tiempo impreciso. Debemos tener en cuenta que la población que prevé un regreso, mantiene conexiones relativamente permanentes con el territorio abandonado y esto en realidad es un indicador subjetivo que instrumenta el regreso; es decir, el sentido de la improvisación en las prácticas de vida en el nuevo asentamiento es un mecanismo que pulsa contra el establecimiento más permanente o definitivo en otro lugar y a favor del eventual regreso. Como estamos refiriéndonos a población de localidades rurales, mixtas y de zonas marginales urbanas, que son las que han evidenciado y denunciado el DIF por no poder solventarlo individualmente, el desplazamiento representa no solo una pérdida económica y material, cuantiosa, sino el incremento, regreso o retroceso al riesgo de o a la vulnerabilidad sistémica. Su locus anterior puede representar la síntesis o la bisagra de todos sus capitales (cultural, social, subjetivo, material y económico); es decir en el que se tenía materializado un nivel de integralidad para la familia. Otros serían los casos si los capitales sociales hubiesen fortalecido la formación y dotación de los individuos, donde las externalidades no representaran la mayor cuantía de las pérdidas.

Contrariamente, los desplazados a los que nos referimos salen de sus lugares de residencia prácticamente sin pertenencias y las consecuencias inmediatas son el desarraigo asociado a sentimientos de desorientación y cambios inimaginados en todas sus trayectorias de vida (de residencia, estudio, trabajo, redes, quizá de pareja, reproductivo y familiar). Esto remonta a dinámicas de adaptación forzada, altamente exigentes en la comprensión macro y micro de los acontecimientos y en la significación de su propia familia en los nuevos escenarios. El proceso de comprensión posiblemente no se racionalice con los refinamientos que permitirían un nivel de información causal o relacional, global de los hechos, pero sí con la trascendencia que representa para las familias y el resto de los lugareños su historia anterior.

Gráfica 1

Desplazamiento interno forzado familiar, México, 2007-2013

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Fuente: elaboración propia a partir de los diarios Reforma y La Jornada, 1° de enero 2007 a 31 de diciembre de 2013; y de la revista Proceso, 1° de enero 2007 a 31 de diciembre de 2013.

Los miembros de la familia desplazada no dejan de ser desplazados internos forzados -por violencias-, y no debemos ubicarlos en conglomerados migratorios indiferenciadamente, bajo la presunción de factores estructurales (como pobreza, desempleo, mercados). Al contrario, su movilización tiene origen en una matriz de violencias y traumas que generan experiencias de sufrimiento, penalidades en las poblaciones y crisis humanitaria. La incorporación histórica de la experiencia personal del desplazamiento forzado, los vincula directamente (como unidad de víctimas o de sobrevivientes o de valientes) a las dinámicas de violencia regional, les otorga un nivel de conocimiento de los hechos de quiénes son los corresponsables (actores militarizados y poderes de facto vinculados al crimen organizado) y los instala en un sistema de aversiones (venganza, odio, revancha) con enemigos definidos, que quizá desde la perspectiva de los conflictos históricos cobrará algunas respuestas en el corto, mediano y largo plazos y en distintas generaciones (autodefensas u otras variantes de organizaciones de defensa comunitaria, hasta la posible conformación de organizaciones paramilitares).

Finalmente es relevante mencionar que en la morfología de la familia desplazada se mantienen los roles, obligaciones, exigencias y expectativas típicas de respuesta de género. Es decir, en la experiencia de DIF la condición de género cobra significancia y por supuesto las mujeres agencian la defensa, formas, modalidades y distribución de recursos asociados a la reproducción cotidiana de la familia en el tránsito del desplazamiento y de la instalación en los destinos. Los hombres pasan por otras experiencias, pues en principio ha sido puesto en desmedro su capacidad de defensa de la familia, ante el sistema de agresiones; su posibilidad de protección y ocultamiento de la familia y su alcance de gestionar una tutela social o colectiva en la localidad ha sido ineficiente y/o incapaz de generar una defensa efectiva. Algo similar podría decirse respecto a la salvaguarda de los bienes y patrimonio. El universo de respuestas y participación de mujeres y hombres es diverso y amplio, que, aunque no desarrollo aquí, es preciso dejar señalado por su trascendencia.20

Desplazamiento individual

En el caso de los desplazamientos individuales, la unidad de observación son los individuos. ¿A qué obedece el desplazamiento individual? Las razones son varias, según la etnografía que tenemos:

  • La ausencia de recursos para un desplazamiento familiar impide que todo el grupo familiar salga, entonces se desplaza el o los miembros que más riesgo tienen, o que se sabe que están más expuestos; en la mayoría de los casos son los hombres porque son los que tienen la mayor capacidad de oponer resistencia; representan la capacidad laboral preferente frente a la de las mujeres, adultos mayores o niños; son quienes tienen mayoritariamente la tutela de los derechos de la familia -en México la jefatura femenina se estima en 24.6% en 2010, por lo que tenemos aproximadamente tres cuartas partes de hogares con jefatura masculina-;21 y son quienes tienen predominantemente la titularidad de las tierras, recurso sobre el que frecuentemente se presiona; el asedio sobre los hombres involucra tanto a los jefes de familia, padres o esposos, como a los hombres jóvenes, por lo cual es común encontrar relatos sobre la huida del padre con los hijos hombres mayores.

  • Las actividades del crimen organizado que presionan al DIF, tienen sesgo de género pero no eximen la participación efectiva de quien pueda empoderarse en dichos círculos y dinámicas (hombres o mujeres). Es decir, las acciones violentas22 involucran fuerza, entrenamiento, capacidad de ofensiva, una cierta distancia subjetiva frente a la(s) víctima(s) y un consentimiento de cohecho lesivo hasta límites inconfesables, todas las cuales son características de un complejo adiestramiento que tradicionalmente ha incorporado a los hombres en tanto que es de carácter militar, abusivo, delictivo, para los cuales es indispensable el uso de la fuerza. Aún no se conoce cuál es la composición específica por género en las organizaciones de violencia organizada, pero sí se reconoce una primacía masculina vinculada a las actividades de violencia efectiva. La participación de las mujeres sigue siendo tributaria de los regímenes reproductivo, familiar, y sexual. Estos elementos correspondientes al supuesto de que en los conflictos militarizados (cualquiera que sea su escala), se acentúa la dominancia masculina, que busca debilitar la autoridad masculina en las localidades, contribuye a comprender que los primeros desplazados individuales (huida, ocultamiento), sean los hombres con el consentimiento de las mujeres y familias, y que éstas permanezcan en el riesgo local, resguardando a la familia o a los miembros dependientes que han quedado a su cuidado, “hasta que puedan salir” o “hasta que puedan mandar por ellos”.

Gráfica 2

Desplazamiento interno forzado individual en México, 2007-2013

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Fuente: elaboración propia a partir de los diarios Reforma y La Jornada, 1 de enero 2007 a 31 de diciembre de 2013; y de la revista Proceso, 1 de enero 2007 a 31 de diciembre de 2013.

La estimación del desplazamiento individual es solo un acercamiento al volumen de los desplazados individuales, logrado en los lugares de destino a través de los testimonios de los afectados directos, la versión institucional, la crónica de los medios, la iglesia, que en algunos casos los ha albergado, y los observatorios de desplazados que recogen a estas fuentes, todos los cuales han coadyuvado a confirmar hechos, lugares, rutas, fechas y una aproximación a la composición humana del desplazamiento, destacando que los primeros desplazamientos individuales son masculinos. Aquí debemos aclarar que no es lo mismo la aproximación del volumen total de desplazados que el DIF en la modalidad individual, sin familia o con uno o dos de sus miembros, modalidad que ha sido imposible reconstruir y validar como dato final. Los datos que hemos construido no nos permiten hasta ahora estimar el desplazamiento individual. Sin embargo, la estimación de personas desplazadas acepta la cifra aproximada de un millón y medio.23

Desplazamiento colectivo

El desplazamiento colectivo o masivo es una modalidad muy elaborada del desplazamiento forzado, puesto que supone, sino todas, algunas de las siguientes etapas:

  • Un estado de violencia precedente ante el que toda reacción y estrategia de defensa o prevención ha sido rebasada o fue insuficiente. Dichas estrategias fueron inicialmente ejercidas por cada uno o por cada familia como respuestas reactivas ante los hechos de violencia; luego, tácticas pensadas y diseñadas para responder a las agresiones reiteradas se convirtieron en estrategias colectivas, aprobadas y reconocidas por todos o por la mayoría para resistir a las nuevas manifestaciones de violencia efectiva que de hecho vendrían. En el periodo mencionado tenemos ejemplos documentados en Baja California y Chihuahua,24 Durango,25 Guerrero,26 Jalisco,27 Michoacán,28 Morelos,29 Sonora,30 Sinaloa,31 Tamaulipas,32 entidades en las que ante amenazas precedentes intimidatorias y de muerte, ataques dirigidos con armas de fuego y armas blancas, levantones y ejecuciones extrajudiciales, entidades en las que produjeron desplazamientos como estrategia familiar; como estrategia colectiva se realizaron desplazamientos de varios grupos familiares y grupos de personas que por sentirse vulnerables en torno a su seguridad tomaron la decisión de desplazarse en las modalidades de asilo (a Estados Unidos preferentemente) y desplazamiento interno a otras entidades de la República.33

  • Propuestas y acuerdos, organización. Liderazgo. En estos casos, la organización forzada obliga a la disposición de llegar a acuerdos, disponer voluntades y recursos para homogeneizar una respuesta que neutralice el efecto de los actos de violencia y contrarreste la indefensión inicial que supuso el silencio y el miedo de las primeras respuestas individuales; se trata de un acuerdo complejo a través de códigos, estrategias, lenguajes, acciones y una comunicación permanente; lo único que se espera es la supuesta protección producto del acuerdo social. Es decir, el saber de todos representa un choque ante la posible agresión a cada uno (y sin testigos) y/o a una ofensiva masiva (desde ataque hasta masacres). Las formas de organización inician en la decisión familiar, en la suma de vecinos, en el reconocimiento de líderes espontáneos y/o tradicionales, en el propósito de autodefensa (la organización de autodefensa es posterior, se configura y se estructura cuando las poblaciones permanecen en las localidades, territorios y regiones) y en el apoyo de otros sectores (medios de comunicación, organizaciones sociales, iglesia, instituciones) que buscan resistir organizados y combatir a los poderes de facto y no desplazarse.34

  • Desplazamientos colectivos con ruta y destino preestablecidos y disposición de recursos individuales. En este caso se activan las redes familiares, los vínculos de una residencia anterior, las relaciones solidarias con las localidades vecinas o localidades cercanas en la región, a fin de establecer un primer destino-refugio. Los casos documentados que podemos referir son: en Guerrero ascienden aproximadamente a 2500 personas en: Región de Tierra Caliente y La Costa Grande, municipios de Eliodoro Castillo en Sierra Madre Sur, de San Miguel Totolapan y de Apaxtla de Castrejón en la zona norte -localidades de Huautla, Buenavista, El Nache, Ixtlayola, Pizanpatle, Rodeo, Escosor y El Capire- se dirigieron hacia las cabeceras municipales más cercanas, entre ellas San Miguel Totolapan, Eliodoro Castillo, Arcelia; los desplazados de Tecpan de Galeana en la región de Costa Grande se dirigieron también a la cabecera municipal de San Miguel Totolapan.35 En Michoacán se han documentado aproximadamente 3 000 desplazamientos colectivos en las comunidades de Vicente Guerrero, Pizándaro, Buena Vistilla, La Catalina, Simanza, Peña Colorada y El Chamizal, en dirección a la cabecera municipal de Apatzingán. La mayoría de éstos son jornaleros agrícolas de las plantaciones de limón;36 los desplazados de seis localidades del municipio de Tánciro fueron a concentrarse en su cabecera municipal. La mayoría de éstos son mujeres, niños y dependientes mayores quienes recibieron albergue en la parroquia local de San Francisco de Asís ante las amenazas de ser arrasadas sus casas con la población residente.37 En Sinaloa se ha registrado y difundido el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 500 familias entre 2010 y 2013, principalmente de las zonas serranas y comunidades rurales adjuntas, quienes se fueron hacia las cabeceras municipales más cercanas. Las comunidades afectadas son El Tiro, Zaragoza, Cieneguilla, Agua Caliente del Zapote, Platanar de Los Ontiveros, El Llano y El Pueblito.38 Otro registro señala que en Sinaloa se han desplazado entre 25 000 a 30 000 personas a causa de hechos violentos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado.39 De esta manera se podría afirmar que habitantes de los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa: a) parecen empezar a acopiar experiencias de organización en desplazamiento colectivo como estrategia de defensa frente a los conflictos entre poderes de facto y crimen organizado,40 y las fuerzas castrenses. Conflictos que los involucran territorialmente, convirtiéndolos en los primeros objetivos de destierro; b) implementan el patrón desplazamiento hacia las cabeceras municipales o poblados más grandes a fin de escapar, huir y sobrevivir, confirmando de esta manera los comportamientos internacionales del desplazamiento colectivo inicial hacia los centros urbanos inmediatos como primer destino.

  • Despoblamiento, elección de rutas de tránsito, jornadas y destino. El despoblamiento es un evento extremo de las migraciones y desplazamientos forzados que representa la pérdida y/o el desprendimiento total de una historia colectiva. Es una renuncia que se asemeja a la muerte con los duelos consecuentes. La desaparición de un poblado sin que lo resguarde ninguna memoria, sin posibilidad de subsistir más allá de sus habitantes temporales, es como la imagen de “lo echado a perder”, cuando “el bien se torna dialécticamente en mal”. Los casos documentados que tenemos son: en Durango41 -los habitantes de la localidad de La Lagunita, del municipio de Pueblo Nuevo abandonaron el poblado dirigiéndose hacia El Salto y otras localidades de la misma entidad-. En Guerrero los habitantes de San Miguel Totolpan, Arcelia, Ajuchitlán se desplazaron principalmente hacia la cabecera municipal de Chilpancingo.42 En Michoacán habitantes del municipio de Aguililla, después del acoso de células de narcotráfico, sitio de la localidad por días y de las imposiciones de las fuerzas federales trasladadas en el operativo Michoacán, se desplazaron en una especie de éxodo parcial aproximadamente el 30% de la población, y posteriormente siguieron sucediéndose progresivos desplazamientos familiares.43 Otros desplazamientos de la entidad se registraron en las localidades de la región de Tierra Caliente, cuya población se desplaza continuamente hacia comunidades cercanas y al Distrito Federal.44 En Tamaulipas, en los territorios aledaños a Ciudad Mier se registraron hechos de violencia extrema a fines de 2010 y principios de 2011 y hechos que escalaron en febrero de este mismo año, cuando se produjo el traslado masivo de la población hacia Miguel Alemán (otras acciones de violencia fueron denunciadas desde 2008). Se estima que cerca de 1 500 familias se desplazaron habiendo establecido rutas y destino improvisados; la Secretaría de la Defensa Nacional -SEDENA- apoyó el desplazamiento de aproximadamente 350 personas.45 El caso del DIF de la población de Ciudad Mier y Ciudad Guerrero hacia Miguel Alemán ha sido referido y documentado posteriormente como una retaliación por el asesinato de Ezequiel Cárdenas (Tony Tormenta), cabecilla de la organización del Cártel de Golfo; hecho que asocia cuando menos la relación entre estos despoblamientos y los conflictos entre organizaciones del narcotráfico y fuerzas federales, quedando en medio la población civil, no vinculada y no combatiente en ninguna de las dos fuerzas, ni de otras fuerzas de autodefensa. El retorno de algunos pobladores, el continuo tránsito de otros y la permanencia de otros, en los lugares del primer destino, contribuyó a documentar el proceso de desplazamiento.46 En Ciudad Juárez, Chihuahua, la inseguridad causada por la violencia y los consecuentes efectos del desempleo por la crisis económica local ha generado que más de 115000 casas fueran deshabitadas en esta ciudad.47 Ubicamos este registro como despoblamiento parcial en función de que las casas abandonadas ascienden a 23.8% del volumen total de viviendas en Ciudad Juárez.48 En Sinaloa, la población de localidades vecinas de los municipios de Nuevo San Marcos, Mazatlán, Concordia, Guamúchil, Salvador Alvarado, Los Mochis, Mocorito y Culiacán, huye ante la violencia de organizaciones criminales asentadas en la serranía. La estimación aproximada es de 300 familias y la crónica de entrevistas y otras confirmaciones relata cambios de hábitos en las actividades cotidianas sociales de la población y que ésta permanece en continua movilidad.49

  • Cierre colectivo de negocios y desplazamiento familiar. El mantenimiento de los mercados en la vida y estatus de la localidad -poblado, ciudad- es un indicador de su estabilidad y concentración (de población, capitales, recursos, poder y otros bienes),50 por lo que su cierre masivo puede significar un evidente síntoma de su retroceso; es decir, si el cierre de los negocios que redunda en el deterioro de los mercados, es temporal, obedece claramente a un periodo de crisis, a una desaceleración de los ritmos económicos y/o a un grado de inmovilidad de las dinámicas, de su mantenimiento y/o crecimiento. Si la crisis no es interna al ámbito económico, sino que obedece externamente al ámbito poblacional, las expectativas de recuperación son prácticamente inexistentes. Si es una combinación de ambas, como parecen ser los casos que a continuación citamos, tendríamos que analizar con más detenimiento el efecto dominante de cada una de las variables externas. Aquí solo queremos señalar la ocurrencia de este hecho que se visibiliza a partir del registro y difusión del desplazamiento forzado de la población. En Chihuahua, Ciudad Juárez con el cierre de 5000 negocios se evidenció la huida y/o desplazamiento de 3 000 familias y 2 800 obreros. También se registró que aproximadamente 3 000 familias de doble nacionalidad se vieron obligadas a trasladar su residencia a El Paso, Texas; consecuencias todas de una multiplicidad de hechos delictivos que escalan desde 2008 (asaltos, amenazas, extorsiones, secuestros y otros similares). Los actores reconocidos de estos eventos, por parte de la población, son el complejo crimen organizado y las querellas entre organizaciones del narcotráfico51 (el Operativo Conjunto Chihuahua fue una estrategia militar de las fuerzas castrenses de la Federación, para hacer frente a la situación delictiva en la entidad, que paralelamente causó otros efectos de desplazamiento de la población civil).52 Identificamos en el caso de Chihuahua, desplazamiento interno forzado y también desplazamiento internacional que no llega a ser asilo ni refugio. En Guerrero, habitantes de Acapulco y San Miguel Totolapan, en Tampico, Tamaulipas, en Nuevo León, Monterrey,53 empresarios y pequeños empresarios, profesionistas y comerciantes, han relatado su desplazamiento obligado a causa de extorsiones e intento de extorsiones, amenazas, sentido de inseguridad y temor, cerrando sus negocios tradicionales y abandonando parcialmente sus bienes (dejándolos a cargo de supervisores, administradores, vecinos, familiares).

Conclusiones

Algunas perspectivas para abordar el problema del DIF actualmente en México:

  1. La discusión sobre el alcance de la normatividad del desplazamiento interno forzado queda incluido en la violación de los derechos humanos -1992 Secretaría General para la cuestión de los Desplazados Internos, ONU; los Principios Rectores aplicables a los desplazamientos internos, concluidos en 1998, los cuales determinan, afirman y consolidan las normas específicas de protección a los desplazados que redunda en la protección, asistencia, reparación efectiva y restitución de los derechos violentados, y en la integración de estas personas a la sociedad de destino, o de retorno en el mejor de los casos. La prevención es una preocupación derivada, pero de muy difícil implementación en sociedades con conflictos en proceso. Estos y otros instrumentos internacionales exigirían la institucionalización interna y el reconocimiento del DIF en México para impulsar políticas que protejan a las poblaciones y reparen efectivamente los daños del desplazamiento, o que prevengan el riesgo e impidan que las poblaciones civiles sean las víctimas directas de los conflictos en los que no participan como actores activos.

  2. Otra metodología con que se documenta el desplazamiento interno forzado es la etnografía, la descripción de las condiciones de movilidad, rutas, redes, destinos y recepción de los desplazados forzados. Dicha información ha sido posible a través de los testimonios captados en las localidades de éxodo, albergues de recepción y/o nuevos asentamientos que se forman en los lugares de destino. Quizá esta sea la información más difícil de consolidar, que aún no concluye, debido a la dificultad de acopiarla por los temores de la población que se moviliza, de las autoridades y de la población residente en los lugares de destino, pues todos temen la extensión territorial del conflicto y por supuesto la expansión de la violencia por parte de todos los actores. Los escenarios de temor son varios: i) el saber, conocer o intuir cómo el tejido del conflicto alcanza a la población no vinculada; ii) las experiencias de la violencia efectiva directa sobre individuos, familias, poblaciones y regiones; iii) las dinámicas desconocidas del desplazamiento, pues a diferencia de otras sociedades con desplazamientos forzados en varias generaciones, estamos ante poblaciones que mayoritariamente no tienen memoria de estos hechos en sus dos generaciones inmediatamente anteriores; iv) las poblaciones vivencian una especie de confusión al no tener claridad sobre la competencia de autoridades de los mandos formales y poderes de facto, toda vez que pueden estar relacionados más allá de las contradicciones que supone lo ilícito y lo lícito.

  3. El desplazamiento interno forzado puede abordarse como un problema diferenciable, aunque se derive de un subsistema altamente estructurado como lo son los conflictos militarizados en una región o territorio. En este sentido, el tipo de conflicto, el tipo de actores militarizados y la historia de los mismos en los territorios pueden definir diferencialmente el tipo de desplazamientos forzados. No obstante este vínculo ineludible, el desplazamiento cobra al menos una configuración problemática independiente en dos sentidos: como problema humanitario y como la capacidad de resistencia de las poblaciones, la que se desarrolla en las estrategias, modalidades y mecanismos de desplazamiento para evadir las amenazas y riesgos, y finalmente sobrevivir.

  4. Las modalidades del desplazamiento interno forzado es un campo de comprensión del alcance individual, familiar y colectivo que representa la difícil decisión de desplazarse: i) A nivel individual cada uno y su familia se hace responsable de la salvaguarda de los miembros en mayor riesgo, que en el ámbito de los conflictos militarizados son inicialmente los hombres adultos y jóvenes, luego siguen las mujeres y finalmente la población dependiente. Esta especie de escala de riesgo obedece a una estrategia militar de a quién se debe vulnerar primero para lograr la hegemonía sobre las poblaciones, territorios y recursos. ii) El desplazamiento del grupo familiar representa una complejidad que va más allá de la familia nuclear pues la composición familiar mexicana puede incluir una o varias familias nucleares, varias generaciones, familiares solos y hasta asociados permanentes. Si a esto le sumamos características de familias rurales, pobres o marginales, la literatura especializada avala el supuesto de que sus redes familiares sostienen los vínculos de solidaridad y reciprocidad presentes en la reproducción. La seguridad y protección del grupo familiar incluye experiencias tangibles e intangibles que están en la base del mantenimiento de las redes familiares, por lo que su amenaza, riesgo o pérdida considera la acción de todos por y para su mantenimiento. Es esperable entonces que la familia sea un recurso para ejercer coacción por parte de las organizaciones que infligen violencias, y en consecuencia la amenaza a uno de sus miembros y sus recursos puede extenderse a los demás miembros y configurar así el desplazamiento forzado de todo el grupo familiar. iii) El desplazamiento colectivo es una estrategia exigente porque organizarse para desplazarse en escenarios de violencia es un gran reto; exige liderazgo, acuerdos, distribución de responsabilidades y por supuesto seguridades y expectativas sobre las respuestas culturales -espontáneas, aprendidas y/o probadas- de solidaridad grupal. Al mismo tiempo los desplazamientos forzados colectivos evidencian una respuesta extrema de sobrevivencia que solo garantiza el abandono o despoblamiento de las localidades. La trascendencia de las modalidades del DIF.

  5. La decisión del desplazamiento en cualquiera de sus modalidades tiene un contenido político en tanto se recurre a un ejercicio de autonomía, cuyo nivel de conciencia no podemos establecer (puesto que algunos de los desplazados afirman haber entrado en una especie de fase inconsciente de acción al tenor de las amenazas y violencia inminente; uno de los testimonios es la huida inmediata a lugares en los cuales protegerse y mimetizarse); escapar a los actores militarizados, es burlar un poder que pretende imponer autoridad por la fuerza. Desplazarse también conlleva un contenido ético de resistir al intento de subyugación, de no ceder el modo de realidad construido y validado al ejercicio abusivo de la violencia; desplazarse conlleva un contenido económico no menos importante, en tanto que el patrimonio y el locus económico de cada quien, en su localidad de residencia, representa parte de los esfuerzos realizados en un periodo de tiempo productivo o de derechos adquiridos. Es decir, desplazarse bajo condiciones forzadas conlleva al menos una respuesta crítica de lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales que no dependen solamente de las garantías institucionales ni normativas (que no las otorgan), sino del reconocimiento personal de su propio juicio de existencia.

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Notas

1 Otras causas del desplazamiento interno forzado son los conflictos religiosos, étnicos, políticos; los conflictos armados generalizados; los desastres naturales, y desastres convencionales (industriales, incendios y otros accidentes que inhabilitan regiones y localidades como los nucleares).

2 Coincidimos en que el crimen organizado es un recurso analítico que refiere a todo tipo de organización que subvierte los órdenes establecidos legal y consuetudinariamente a través de los que se reglamentan las formas -democráticas- de convivencia social. Estas organizaciones se manifiestan en acciones ilegales y criminales de narcotráfico, trata de personas, organizaciones de delincuencia común, terrorismo y actividades mercenarias, contrabandos y mercados de bienes y servicios ilegales.

3 Chamberlein (2013); Arévalo (2013); Benavides Luis y Patargo Sandra (2012); Internal Displacement Monitoring Centre, plantean la existencia y localización de desplazamientos en la zona del sureste mexicano, en particular desde el año 94. Inicialmente estimó en 38 000 desplazados, que con las movilizaciones subsecuentes sumaban otros 12 000. Sin embargo, el retorno de la población a las comunidades de origen hace variar las cifras, sin haber consenso de cuántos regresaron y cuántos se desplazaron definitivamente. De esta manera, los estados de la frontera sur: Chiapas, Tabasco y Quintana Roo comparten el desplazamiento de la década de los 90, en otra complejidad del fenómeno, es decir, a partir de conflictos locales y regionales de carácter religioso y/o político, según la primacía de grupos religiosos y/o partidos políticos en municipios y localidades -católicos, cristianos y protestantes por un lado, y partidos del PAN, PRI, PRD y simpatizantes zapatistas, además de las comunidades zapatistas-. Los conflictos en esta zona han producido desplazamiento forzoso por causas específicas y diferentes al producido en los estados del norte-centro, lo que obliga a diferenciar los desplazamientos según cada relación de circunstancias inferencialmente causales.

5 La información del desplazamiento por conflictos armados internos evidencia un mayor porcentaje de mujeres y sus familias (aprox. 80%) en proceso de desplazamiento y/o desplazadas, pues los hombres representan una preferente capacidad marcial en el escenario del conflicto más que las mujeres; aunado a este factor, las mujeres representan una mayor garantía forzada quizá de reproducción de la familia y sostenimiento de la población dependiente -niños y ancianos-, por ello el contingente de movilización desplazado por conflicto interno, parece haber tendido a estar en cabeza de las mujeres. Norwegian Refuge Council Global IDP Project, Salazar (2008).

6 El Consejo Noruego de Refugiados y el Centro de Observación de Desplazamiento Interno de la ONU, con una metodología de seguimiento cotidiano, estiman aproximadamente 26 millones de desplazados en 44 países, superando el número de refugiados. Históricamente, el incremento del desplazamiento ha sido visible y diferenciable: en 1970 se registraron 5 millones de desplazados frente a 9 millones de refugiados; en 1980, 7 frente a 6, en el 2000 aprox. 23 frente a 14, y a finales de 2008, 24 frente a 26, respectivamente. Norwegian Refuge Council Global IDP Project, Salazar (2008, 2014).

8 El reconocimiento oficial indicaría aceptar las condiciones de conflicto generalizado y la implementación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998). El primer punto se plantea como un impedimento por dos razones: i) no hay conflicto generalizado en México, hay conflictos regionales entre organizaciones del crimen organizado, y de este frente a FFAA, por ejemplo, las operaciones conjuntas del orden federal. Los conflictos regionales sumados pueden representar una parte considerable del territorio nacional, pero no un solo enemigo homogéneo ni un único conficto; y ii) al no haber reconocimiento, ni aceptación de los hechos en las localidades, no hay ningún recurso institucional que canalice información sobre la población y territorios, demandas, periodicidad y estimaciones de los eventos.

9 Francis Deng (1998), Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Acogido en la Asamblea de las Naciones Unidas y Derechos Humanos de Ginebra.

10 Fuentes como los censos nacionales o encuestas no registran hasta ahora movilizaciones por desplazamiento interno forzado. Otros indicadores como el Saldo Neto Migratorio no nos permiten relacionar ni inferir que dicho saldo esté relacionado directa o causalmente con el fenómeno del desplazamiento forzado.

11 En principio el desplazamiento forzado es una movilidad intempestiva, perentoria, de huida “mientras las cosas se calman”. Que las “cosas se calmen” significa que el peligro o el riesgo inminente no ha pasado, solo que hubo algún cambio que garantiza la vida en la localidad; tal cambio refiere a arreglos o negociaciones frente a las amenazas, de forma que los actores se vieron obligados a salir de la zona o a no realizar acciones contra la población. De lo contrario, el desplazamiento de sus localidades es sin retorno, se convertirá en movilidad por violencia, es decir en nuevos asentamientos más definitivos y cambio de residencia permanente.

12 Ver por ejemplo La Jornada, 20 de junio de 2012, p. 38; La Jornada, septiembre 28 de 2012, p. 31; La Jornada, mayo 18 de 2012; Luz Ma. Salazar y José Ma. Castro (2014).

13 Localidades menores a 2 500 habitantes.

14 Localidades entre 2 500 y 14 999 habitantes.

15 Proceso, 28 de noviembre de 2011. La estimación de Fidel López se refiere sobre todo a los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

17 Cerda P. Patricia (2013); La Jornada, diciembre 26 de 2010; La Jornada, 22 de abril de 2010. Otras versiones similares surgen de información cualitativa recogida en entrevistas a algunos empresarios mexicanos y sus familias que han tenido que abandonar el país, y los destinos preferentes son Estados Unidos y el DF. Incluso ante el cambio de estrategia de la lucha contra el narcotráfico y otros efectos colaterales sobre seguridad que propone el nuevo sexenio, plantean la posibilidad de retornar.

18 Salazar (2013), Estrategias de reproducción social en escenarios de violencia. En Estrategias de reproducción social. México, Conacyt, Universidad Autónoma de Nayarit. En proceso de publicación.

19 Conocemos a través de la crónica que la familia es utilizada para presionar, amenazar, castigar o violentar las voluntades, en la dinámicas de conflicto que despliega el crimen organizado en México; la familia o los miembros de la familia son el grupo de presión quizá mas importante al que se debe proteger o mantener fuera de riesgo en los casos de desplazamiento.

20 Mercado (2013) analiza la perspectiva de género en condición de desplazamiento en la experiencia de Chiapas durante el levantamiento zapatista.

21 La jefatura masculina ha sido discutida en el análisis de la familia en México en cuanto percepciones, representaciones de autoridad tradicional, aportes económicos, roles familiares y domésticos, relaciones de pareja, relaciones entre padres e hijos, sistemas de decisiones y de elecciones. Algunas respuestas indican que la jefatura declarada puede no corresponder a la jefatura real según se analicen cada una de las variables mencionadas, que evidencia una gran diversidad de arreglos familiares (García y Oliveira, 2006), por lo que la estimación de la jefatura del hogar queda sujeta el análisis de la jefatura declarada frente a la ejercida. Este supuesto no podemos contrastarlo cuando se trata de fuentes estadísticas como el Censo General de Población, que tiene preguntas y respuestas cerradas. No obstante esta dificultad, la jefatura masculina en México sigue declarándose como tal en aproximadamente 75.4% (INEGI, 2010).

22 Las acciones violentas son tipos y formas de acción contra el estado de paz y convivencia de las poblaciones; contra todo derecho humano y constitucional; las acciones violentas que hemos identificado que presionan al DIF involucran entre otras, las siguientes: i) el uso de armas y tecnología símil como recurso de amenaza en actores no autorizados; ii) métodos de indefensión (amenazas, intimidación); iii) militarización, que constituye un estado de tensión y temor en las poblaciones; iv) ataques directos contra víctimas específicas; v) presión sobre los recursos de la población: tierra, cultivos, viendas, negocios y otros recursos; vi) ejecuciones y ajusticiamientos extrajudiciales; vii) secuestros y desapariciones; viii) reclutamientos forzados; ix) publicidad delictiva.

23 López (2011); Salazar y Castro (2014); Tórrens (2013: 4) y Durin (2013: 94) también retoman la estimación de Parametría que señala 1 648 387 desplazados internos en México http://parametría.com.mx/DetallesEstudio.php?=4288

24 La Jornada: Noviembre 28 de 2007, julio 26 de 2008, septiembre 21 de 2008; marzo 22 de 2008, 13 de diciembre de 2009, 13 de septiembre de 2010, 30 de diciembre de 2010, 5 de marzo de 2011, 4 de julio de 2011, 19 de agosto de 2011, 3 de febrero de 2012, 30 de marzo de 2012, 20 de julio de 2013. Reforma, 25 de marzo de 2011.

25 La Jornada, noviembre 18 de 2007, 13 de febrero 2010. Reforma 22 de enero de 2011.

26 La Jornada, 1 de agosto de 2009.

27 Ibid., mayo 12 y 14 de 2012.

28 Ibid., mayo 25 de 2011.

29 Ibid., octubre 2010.

30 Ibid., 1 de diciembre de 2011.

31 Reforma, 22 de agosto de 2013.

32 La Jornada, 31 de diciembre de 2010.

33 Ibid. Habitantes de Tijuana, Ciudad Juárez y otras localidades de Baja California y Chihuahua, abril 22 de 2010; diciembre 2009, noviembre 17 de 2008, junio 20 de 2008, julio 26 de 2008, 31 de marzo de 2010. Habitantes de Guerrero: 20 de julio de 2013. Habitantes de Sinaloa: 13 de diciembre de 2010, 18 de mayo de 2012; 19 de mayo de 2012. Un grupo aproximado de 300 sacerdotes abandonan sus parroquias en todo el territorio nacional debido a las amenazas de ser ejecutados y otras violencias efectivas por las denominadas bandas criminales, La Jornada, 23 de abril de 2009. Reforma, 28 de agosto de 2011: registro sobre desplazamiento femenino; 14 de noviembre de 2011.

35 La Jornada, 9 de agosto de 2013; 3 de agosto de 2013; 19 de julio de 2013; 13 julio de 2013; 1 agosto de 2009.

36 Ibid., mayo 25 de 2011.

37 Ibid., noviembre 24 de 2012.

38 La Jornada, 13 de diciembre de 2010; 25 de noviembre de 2011; 19 de mayo de 2012; 20 de junio de 2012; 5 de agosto de 2013.

39 Secretaría de Desarrollo Social y Humano, citado en La Jornada, 28 de febrero de 2012. José Valdés Cárdenas.

40 En Michoacán, organizaciones criminales y poderes de facto vinculados a los negocios de drogas se visibilizan en varias etapas: desde fines de los noventa en i) pequeños grupos regionales alrededor de cabecillas locales; ii) cártel del Milenio estableciendo nexos con el cártel del Golfo. A inicios de la década del 2000 se desarrollan las otras etapas: iii) (en 2002) después de antagonismos y una escisión interna de los grupos locales, surgen nuevas alianzas con el cártel del Golfo y los antecedentes inmediatos de dos organizaciones: La Empresa y la Familia Michoacana; iv) (entre 2004 y 2008 aproximadamente) se consolida la Familia Michoacana con su centro de operaciones en Apatzingán; v) (en marzo 2011) se evidencia públicamente la organización de Los Caballeros Templarios de Michoacán, inicialmente vinculados con la Familia y luego en franco antagonismo. En el caso de Michoacán se estima que de los 125 municipios que forman parte del estado, aproximadamente 55 tienen impactos directos y variados del crimen organizado. Proceso, núm. 1931, 3 de noviembre de 2013, pp. 6-15. De este escenario se puede inferir que al menos la mitad de la población de la entidad tiene algún conocimiento local de las circunstancias de violencia dominantes y de las estrategias colectivas que diseñan para enfrentar, evadir y protegerse.

41 La Jornada, 12 de agosto de 2010, Saúl Maldonado.

42 Ibid., 20 de julio de 2013.

43 Proceso, 24 de diciembre de 2006, núm. 1573, Francisco Castellanos J.

44 La Jornada, noviembre 24 de 2013, Ernesto Martínez Elorriaga.

45 Ibid., 11 de noviembre de 2010; 31 de diciembre de 2010. La muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, cabecilla del Cártel del Golfo, a manos de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 5 de noviembre de 2010 en Matamoros, Tamaulipas, desencadenó una escalada de violencia en Ciudad Mier y Miguel Alemán por la apropiación de territorios de frontera y ruta de trasiego, territorios de propiedad o dominados por la organización del cabecilla. Otro de los efectos de la violencia entre cárteles fue el regreso casi inmediato de 1 300 estudiantes de Canadá, Estados Unidos, España y América Latina. Este no es un desplazamiento interno, pero sí un éxodo provocado por la violencia local, que a su vez tuvo efectos de interrupción en los ciclos de estudios de manera forzada y otras dinámicas asociadas.

46 La Jornada, 8 y 13 de noviembre de 2010, Jesús Aranda; Proceso, núm. 1918, 5 de noviembre de 2010, Ricardo Ravelo; El Economista, 19 de marzo de 2014, disponible en eleconomista.com.mx/sociedad/2010/11/14/exodo-tamaulipecos-llega-nuevo-leon, Rubén Torres.

47 Ibid., 18 de marzo de 2010, Miroslava Breach y Rubén Villalpando.

48 Censo de Población 2010. Infraestructura y características del entorno urbano 2010. Manzanas, viviendas y población en localidades de más de 5000 habitantes por entidad federativa, municipio y localidad, según disponibilidad de pavimento en sus vialidades. México, INEGI (2010). Consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/tabulados_urbano.aspx Marzo 19 de 2014.

49 La Jornada, 5 de septiembre de 2012, Javier Valdés Cárdenas; La Jornada, 18 de mayo de 2012, Laura Poy Solano; La Jornada, 13 de diciembre de 2013, Irene Sánchez y Rubén Villalpando; entrevistas en Culiacán, Sinaloa.

50 Weber (2005) establece como una de las características centrales de la ciudad, la existencia de mercados permanentes y la división del trabajo. Después los teóricos urbanos confirmarían este requisito como parte del modo de vida urbano. Véase, Lindón (1999: 43-67).

51 La Jornada, 17 de noviembre de 2008, Rubén Villalpando. En el noreste de Chihuahua, la maquiladora Delphi abandonó el municipio de Nuevo Casas Grandes por la extorsión continuada de al menos 13 de sus gerentes; de 2 400 plazas de trabajo solo permanecieron 850. La Jornada, 16 de agosto de 2009.

52 La Jornada, 28 de marzo de 2010. El Operativo Conjunto Chihuahua se inició el 27 de marzo de 2008 y sigue vigente a la fecha (informador.com.mx 10 de junio/2014: “La Sedena destaca resultados del Operativo Conjunto Chihuahua”).

53 La Jornada, 1 de agosto de 2009; La Jornada, 8 de febrero de 2011, Arturo Cano; La Jornada 15 de mayo de 2011, David Carrizales, respectivamente. Entrevistas a habitantes desplazados de los Estados y actualmente residentes en ciudades como Guadalajara y el Distrito Federal.

Información sobre la autora

54 Luz María Salazar Cruz. Profesora investigadora de El Colegio Mexiquense. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en sociología por El Colegio de México y cuenta con la maestría en Ciencias Sociales, con mención honorífica, en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Forma parte del Seminario Académico Población, Cultura y Sociedad de El Colegio Mexiquense. Sus líneas de investigación actualmente son género, mercados de trabajo y estrategias de sobrevivencia, así como Poder y desinstitucionalización social. Los proyectos de investigación en los que actualmente participa son Trayectoria de vida-laborables y residenciales y estrategias de sobrevivencia. Una de sus publicaciones más recientes es Utopia, 2000/Relaciones demográficas y ocupacionales en Popayán, Colombia.



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